José Miguel A. Verdecchia y supervisado por María Elena León

El proyecto surge como respuesta al progresivo despojo de sus campos comunales (el campo comunal es una institución cuyos orígenes se remonta a la época colonial y que consiste en una fracción de tierra destinada al uso colectivo de una comunidad para el pastaje del ganado de los agricultores de menores recursos) del que estaban siendo objeto numerosas comunidades campesinas a partir de los años '70. En tal sentido, su principal objetivo apunta a mantener la integridad de los campos comunales a través de una apropiación efectiva de los mismos por parte de sus usuarios.

Para ello, la estrategia adoptada inicialmente por el proyecto consistió en:

a. Promover la organización y la articulación de las organizaciones de los usuarios;
b. Capacitar a dirigentes y usuarios;
c. Apoyar jurídicamente las gestiones de las organizaciones; y
d. Incorporar mejoras en la infraestructura de los campos comunales.
Posteriormente, y como respuesta a los requerimientos del proceso generado por el proyecto, se incorpora a esta estrategia dos nuevos elementos:
a. Propiciar el cambio de la legislación vigente sobre campos comunales y
b. Promover la creación de pequeños espacios de interacción regular entre los usuarios a través de proyectos productivos. Dentro de estos delineamientos, la participación de las mujeres y los jóvenes fueron considerados como elementos transversales de la estrategia.
El universo del proyecto está constituido por 45 Asociaciones y Comisiones Vecinales de Usuarios distribuidas en 7 Departamentos y aglutinadas en una Asociación Nacional, las que representan poco más del 20% de los campos comunales habilitados en el país de acuerdo a datos del año 1990. Estos 45 campos comunales cuentan en su conjunto con 14.795 hectáreas utilizadas por unas 11.405 familias usuarias para una población de 25.111 vacunos y 5.253 caballos.

EL EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN, SUS OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El aspecto asumido como eje de la sistematización se relaciona con los procesos de cambios internos que se han producido en el CPC como resultado de su articulación con las organizaciones de los campesinos y otros actores sociales en el marco de la experiencia del proyecto de Campos Comunales.
En este sentido, la sistematización se propuso como objetivo generar conocimientos y aprendizajes en torno a:
a. Las prácticas de articulación entre el CPC y las organizaciones campesinas y el papel del Estado en este proceso;
b. Los factores que influyen en la apropiación de los campos comunales por sus usuarios;
c. Las estrategias utilizadas por las organizaciones campesinas para materializar los derechos de las comunidades sobre las tierras de sus campos comunales; y
d. Los cambios en la misión, rol y estrategias del CPC.
La metodología empleada consistió en una reconstrucción de la experiencia del proyecto desde la perspectiva de los actores involucrados. Esta reconstrucción incluyó una descripción y análisis de la situación inicial y contextual previas a la ejecución del proyecto, el proceso seguido y sus condicionamientos contextuales, la situación actual y una reflexión sobre las lecciones aprendidas.

Los Estudios de Caso - Centro Paraguayo de Cooperativistas
LA SITUACION INICIAL
Antes del inicio de la ejecución del proyecto, la situación de los campos comunales presentaba como principales características: la debilidad del vínculo de los usuarios con el campo comunal, ya que este se limitaba al uso de la tierra; el uso de parte de las tierras para beneficio particular de algunos usuarios o terceros; una administración discrecional ejercida por personas designadas por el IBR con criterios políticos; y la carencia de títulos de propiedad que legitimara la tenencia de las tierras.

La precariedad de los derechos sobre las tierras ha determinado la gran vulnerabilidad de los campos comunales ante pretensiones de terceros, los que generalmente las ocupaban, en connivencias con funcionarios estatales, aduciendo derechos muchas veces inexistentes. Estas ocupaciones se acentuaron desde inicios de la década de los año '70 como resultado de la presión generada por la expansión de agricultura comercial y la especulación inmobiliaria.
Por esta vía numerosas comunidades campesinas fueron desapropiadas de sus campos comunales. Otras, en cambio, opusieron resistencia, llegando incluso a situaciones de enfrentamiento abierto con la fuerza pública. Estos enfrentamientos concluían generalmente con mandatos judiciales de no innovar con lo cual se congelaban provisoriamente los casos conflictivos.

Tras el golpe de Estado de 1989 que depone a la dictadura se inaugura un periodo de libertades públicas y de mayor respeto a la legalidad jurídico-política, con lo cual se abren nuevas perspectivas a las luchas por los campos comunales. Y es en este contexto en que se echan las bases de la articulación entre las incipientes organizaciones de los usuarios de campos comunales de los Departamentos del Guairá y Caazapá y el Centro Paraguayo de Cooperativistas.

Para esta época, el CPC asumía como misión “impulsar la organización de las familias campesinas, en especial las de menores recursos, desarrollando todas las acciones conducentes al mejoramiento de las condiciones y calidad de vida, promoviendo la organización para la defensa de sus intereses sociales, económicos y culturales, el crecimiento personal y colectivo de hombres y mujeres, que a partir de la percepción de su realidad se dispongan a encarar acciones organizadas para superar la pobreza, la marginación y la discriminación en todas sus formas”.

Por las restricciones impuestas por la dictadura a las actividades de las ONGsD, la estrategia del CPC estaba basada en el desarrollo de una propuesta técnica que propiciaba la organización de los campesinos en pequeños grupos de base integrados a nivel zonal y regional, para, a través de éstas, encarar conjuntamente problemas relacionados a la producción y el mercado como vías para el mejoramiento de sus condiciones de vida.

Bajo esta impronta, el CPC ha trabajado desde el año 1976 hasta 1989 en la zona de los Departamentos de Guairá y Caazapá en diversos emprendimientos que han logrado aglutinar a más de 800 campesinos en torno a unos 70 Comités de base, 8 Coordinaciones Zonales y 1 Coordinación Regional. Dentro de este contexto institucional, el establecimiento de relaciones de trabajo con las organizaciones de campos comunales ha representado para el CPC un importante cambio en su estrategia, ya que implicaba adentrarse en un nuevo escenario: el de las luchas reivindicativas.

EL PROCESO
En el proceso generado por el proyecto se puede identificar tres etapas, según los énfasis dados a las actividades. En la primera etapa, que va de 1989 a 1993, las actividades desarrolladas por el proyecto se han centrado en la promoción y fortalecimiento de las organizaciones de los usuarios. Estas actividades han permitido importantes avances en la regularización de la tenencia de las tierras, el mejoramiento de las capacidades y habilidades de los dirigentes para encaminar gestiones administrativas y legales, la incorporación de mejoras en los campos comunales y la constitución de 7 nuevas asociaciones de usuarios, las que con la 10 preexistentes conforman una coordinación de carácter interdepartamental. En la segunda etapa, que abarca el periodo comprendido entre los años 1994 a 1998, el énfasis fue puesto en el crecimiento e institucionalización organizativa. Durante este lapso se produce la ampliación de la cobertura del proyecto con la incorporación de organizaciones pertenecientes a otros 5 Departamentos, con las cuales el universo del proyecto se incrementó a 45 organizaciones.

Las actividades desarrolladas durante esta etapa han permitido expandir el número de campos comunales que logran el aseguramiento de sus tierras; transformar las Comisiones Vecinales -organizaciones reconocidas por vía administrativa- en Asociaciones con personería jurídica (condición requerida para la titulación de las tierras); capacitar a más de 500 dirigentes y usuarios; constituir la Asociación Nacional de Organizaciones de Campos Comunales (ANOCC) como una articulación de carácter nacional; y elaborar una propuesta legislativa sobre los campos comunales la que, luego de cinco años de gestiones ininterrumpidas, se incorpora en sus aspectos sustantivos en el nuevo estatuto agrario promulgado en el año 2002.

La tercera etapa, que va de 1998 y se extiende hasta el presente, esta marcada por el estímulo a la conformación de pequeños grupos entre los usuarios de los campos comunales a través de proyectos productivos con un enfoque agro-ecológico. que, además de posibilitar el mejoramiento de las fincas familiares, ha permitido mantener una dinámica básica en casi las dos tercera partes de las organizaciones.

Un elemento común a todas estas etapas estu vo dado por las frecuentes movilizaciones para la defensa de los campos comunales emprendida por un gran número de organizaciones ante ocupaciones de terceros. Estas movilizaciones, con diferentes matices, han ido desde la acción directa hasta la negociación con los organismos gubernamentales.

En su ejecución, el proyecto se ha visto influido por diversas variables contextuales. Entre las que contribuyeron positivamente se destacan: i) el proceso de democratización política instaurado en el país tras la caída de la dictadura; y ii) la creciente importancia que adquiere la producción animal, y por ende los campos comunales, en el contexto de la crisis general de la agricultura. En tanto que entre las que lo obstaculizaron fueron relevantes: i) la desigual distribución de las tierras y la persistencia de los procesos de concentración en el marco de la expansión de la agricultura comercial; ii) la ausencia de políticas agrarias orientadas al desarrollo de la agricultura familiar; y iii) la ausencia de una tradición asociativista en el medio rural.

El proceso del proyecto y las condiciones contextuales en que este se ha dado, han conducido al CPC a asumir nuevos posicionamientos que han denotado modificaciones sensibles en la percepción de su misión y estrategias. Estos cambios se relacionan con una inserción más política en el proceso agrario con respecto a su tradicional estrategia de intervención socio-económica, y se expresa en un acompañamiento más decidido a las reivindicaciones campesinas y en una mayor interacción con el Estado y otros actores políticos en vistas a incidir en la formación de políticas públicas.

LA SITUACION ACTUAL
En la situación actual de los campos comunales se observa que: poco más de las dos tercera partes de los campos comunales cuentan con habilitación y mensura y con asociaciones de usuarios con personería jurídica, lo cual les habilita para gestionar la titulación de las tierras; la administración de los campos comunales es ejercida por las organizaciones de usuarios; casi la totalidad de los campos comunales han incorporado importantes mejoras en sus campos comunales; las Asociaciones y Comisiones Vecinales se encuentran articuladas a nivel nacional en la Asociación Nacional de Organizaciones de Campos Comunales (ANOCC); 27 organizaciones cuentan con grupos informales de usuarios que, a través de pequeños proyectos productivos, contribuyen a mantener la dinámica organizacional; los campos comunales cuentan con una nueva legislación más favorable a los intereses de las comunidades y sus usuarios.

En cuanto al CPC se puede observar: su fuerte articulación con las organizaciones de usuarios, tanto a nivel local como nacional; la red de vínculos establecidos con el Estado y otros actores políticos, al punto de constituirse en el principal referente del IBR para encarar los problemas relacionados con los campos comunales; las capacidades internas generadas para interactuar en un contexto socio-político e incidir en políticas públicas; y la incorporación de nuevos elementos que han conducido a un redireccionamiento de su misión institucional (incidencia en políticas públicas) y en sus estrategias (involucramiento en el proceso agrario desde un enfoque socio-político y posibilidades de articulación con el Estado).

APRENDIZAJES
Los principales aprendizajes extraídos de la experiencia del proyecto, desde el punto de vista de la apropiación de los campos comunales, se relacionan con:
a. La articulación entre la ONGD y las organizaciones campesinas;
b. Las características y las condiciones que conducen a la apropiación de los campos comunales por parte de sus usuarios; y
c. Las estrategias de negociación que han demostrado una relativa eficacia para la materialización de los derechos de las comunidades sobre las tierras de sus campos comunales.

En cuanto a los cambios en la percepción de la misión y estrategias institucionales del CPC las principales lecciones aprendidas fueron:
a. El acompañamiento a las luchas reivindicativas de las organizaciones campesinas abre un nuevo campo para la materialización de la Misión Institucional que muestra que lo reivindicativo, en tanto opción política, puede ser compatible con lo propositivo en cuanto opción técnica.
b. El acercamiento al Estado es una estrategia que puede conducir a la concreción de las demandas de las organizaciones campesinas y que deja abierta posibilidades futuras de articulación;
c. Las soluciones a problemas de tipo estructural pasan por la capacidad de los actores sociales para incidir en las políticas públicas, por lo que este elemento debería ser incorporado explícitamente a la misión institucional.

El siguiente es el resumen ejecutivo de la experiencia de– SEPA, en el marco del programa de fortalecimiento de ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción)



Web: http://www.alop.or.cr/trabajo/publicaciones/lasONGsdedesarrollo.pdf