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Hay un enfoque –que llamaremos economicista- que sostiene que los precios de los bienes y servicios, así como el de los factores productivos, son fijados por el mercado, en forma automática, independientemente de la voluntad de las personas, en base a leyes objetivas entre las cuáles son determinantes las de oferta y demanda, la eficiencia y la competencia. Productores, consumidores, comerciantes, intermediarios, todos buscan maximizar su propia utilidad, y en consecuencia el mercado en que participan todos, le pone a cada uno los límites a su ambición y a sus posibilidades de beneficiarse de más altos o menores precios de aquello (productos, trabajo, dinero, etc.) que venden y compran. El productor que quiera cobrar precios mayores que la competencia será castigado por los consumidores, será desplazado del mercado, o tendrá que aceptar espacios reducidos de mercado para su producción. Para incrementar las oportunidades y las utilidades, el camino real no es otro que el de aumentar la eficiencia y hacerse más competitivos. Así, el mercado termina fijando para cada producto y activo económico, un precio “normal”. Tal es la concepción que predomina entre los economistas, y corresponde con importante aproximación a lo que ocurre en el mercado convencional.

Hay otro enfoque –que llamaremos eticista- que considera que el mercado así constituido es injusto, castiga siempre a los más pobres, favorece siempre al poseedor del dinero y el capital mientras perjudica constantemente a los trabajadores y a los consumidores. Por ello se sostiene la necesidad de introducir la ética en la fijación de los precios, de modo que puedan llegar a ser justos, enmarcados en un comercio solidario. Para llegar a determinar tales “precios justos”, se enumeran diferentes criterios y normas que deben considerarse, tales como los costos de producción, la necesidad de ingresos dignos, la importancia de crear estímulos que favorezcan a los más débiles, etc.